En relación a: https://www.eluniverso.com/2005/08/04/0001/18/781E83FE55634192A7A7586FC09D7C47.html
En el ejercicio de una ciudadanía responsable, lo menos que podemos hacer quienes buscamos siempre días mejores para nuestra Patria, es rechazar de raíz cualquier acto que difiera con la honradez, con la rectitud, con el buen proceder. Esto se amplifica si gracias a la voluntad popular llegas a desempeñar una dignidad, como en mi caso, ser Diputado (1998-2002) por la provincia de Cotopaxi, cuyas tareas primordiales son las de Fiscalizar y Legislar.
En tarea de fiscalización, mi paso por el ex Congreso Nacional me deja grandes satisfacciones, las cuales a pesar del tiempo transcurrido, se encuentran en los archivos de la historia nacional como precedentes de que sí es posible velar por los intereses del país. Un Diputado de una provincia pequeña promovió con pruebas contundentes un juicio político a altos funcionarios del Gobierno del ex Presidente interino Fabián Alarcón; el motivo? Una ilegal decisión del ex Procurador General del Estado, quien ordenó que el Estado realice un pago ilegal a una constructora brasileña (Andrade Gutiérrez) que operaba en el país.
El perjuicio económico al Ecuador se perpetró, pero el juicio político siguió su curso, la contundencia de las pruebas arrinconaron al principal responsable, Víctor Álaba Ormaza, quien en funciones de Procurador General, aprobó la ilegalidad y fue censurado. La reparación al país se dispuso por vía civil y penal, los dineros fueron devueltos a las arcas del Estado y los corruptos fueron tachados en su momento y olvidados por la historia.
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